Marco Enríquez-Ominami (ME-O) es un cineasta y político chileno. Este fue militante del Partido Socialista (PS) entre los años 1990 y 2009, comenzando oficialmente su carrera política en 2006 como diputado en representación del distrito Nº10, Quinta Región interior. En el año 2009 renuncia al PS, para postular como candidato presidencial independiente a las elecciones de ese mismo año, allí fue la sorpresa quedando en tercer lugar, con más del 20% de los votos, pero sin posibilidad de pasar a segunda vuelta.
En abril del año siguiente (2010) y con la fuerza política que había alcanzado funda el Partido Progresista de Chile (PRO). Su afán por llegar a la presidencia no se quedaría ahí y en 2013 volvería a la carrera, esta vez como candidato del PRO, en su segundo intento los números no serían tan favorables, solo alcanzando un 10,99% de los sufragios y volviendo a quedar en el tercer puesto.
En 2017, vuelve a presentar su candidatura presidencial, esta vez con una aceptación menor por parte de la ciudadanía ya que solo alcanzó un 5,71% del total de votos escrutados. A pesar del significativo descenso en su aprobación al correr los años, Marco Enríquez-Ominami no baja los brazos y aparece nuevamente en la papeleta presidencial para las elecciones de noviembre de 2021.
Su candidatura a la presidencia para el periodo 2022-2026 en un primer momento fue rechazada, debido a una acusación en su contra en el marco del “Caso OAS”, en el que se le acusaba de financiamiento ilegal de su campaña política en 2013. MEO fue absuelto y por consiguiente se aceptó la apelación que había hecho al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), por lo que logró presentar su candidatura antes de la fecha límite.
¿Qué propone MEO en esta candidatura?
Lo primero que llama la atención al conocer el plan de gobierno de Marco Enríquez-Ominami es que este dura solo 2 años (2022-2024). Esto se debe a que, como se menciona en el mismo documento, es la “propuesta para un gobierno de emergencia y transición”, entendiendo la situación nacional y el trabajo de transición que se debe hacer en conjunto a la Convención Constitucional.
El plan de gobierno del candidato del PRO, presenta dos grandes ejes programáticos:
Protección social, reactivación de la economía y generación de empleos frente a la emergencia
De este primer punto se destaca principalmente la idea de que los ciudadanos no pueden seguir costeando los gastos que ha significado la crisis producto de la pandemia y es “hora que el fisco asuma su responsabilidad”. De aquí se desprenden propuestas como la redistribución y redestinación del gasto militar como camino para enfrentar la crisis, la necesidad de establecer el tan controversial Royalty Minero y un impuesto transitorio a las grandes fortunas, todo esto con el fin de aumentar la capacidad fiscal.
Otro de los énfasis es la creación de empleos, esto se materializaría con la ayuda de diversos proyectos, entre los que se cuentan: fomento al Empleo Joven, respaldo a las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes), construcción de 90 mil viviendas y obras públicas pendientes, además de combinar la reactivación económica con un plan para paliar la crisis climática.
Bienestar social de las chilenas y chilenos en pandemia
En caso de ser electo, los primeros dos años del mandato de Enríquez-Ominami estarían centrados principalmente en los efectos, tanto sociales como económicos que ha ido dejando la pandemia y el confinamiento en el país. En relación a esto se propone una renta básica universal de emergencia, la que como se explica en el proyecto de gobierno del candidato, sería “una política pública de transferenciamonetaria directa a la población”.
Otras de las propuestas que destacan en este apartado son, protección social para las mujeres, igualdad de género y reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados; una nueva política nacional de bienestar social para la infancia y jóvenes, donde se propone el término del SENAME para dar paso al programa “Mejor Niñez”, que estaría a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Para finalizar, se le da el carácter de urgencia a un nuevo sistema de pensiones que garantice la seguridad social.